El 3 de noviembre de 1903 se llevó a cabo la independencia del Departamento de Panamá de la República de Colombia.  En una maniobra que ha sido estudiada extensamente, los Estados Unidos le arrebataron a este país la más bella de sus provincias y la dejaron en la imposibilidad de defenderse o de recuperar su territorio. La cuestión de declarar la guerra era, aunque estuvo en la mente delirante de algunos colombianos, naturalmente imposible, de manera que Colombia no tuvo más remedio que reclamar al gobierno norteamericano y pedir que el conflicto se resolviera en la Corte de la Haya.

Antes de seguir adelante es preciso examinar los tratados referentes a Panamá que estuvieron vigentes en el siglo XIX, a saber:

El Tratado Mallarino-Bidlack entre la Nueva Granada y los Estados Unidos. Celebrado el 12 de diciembre de 1846 en Bogotá y canjeado en Washington el 10 de junio de ese mismo año. En el Artículo 35 se fijaban las reglas que habrían de observar religiosamente una y otra nación para garantizar los derechos y deberes de cada una. Los Estados Unidos garantizaban la perfecta neutralidad del itsmo Panamá con la mira de que en ningún tiempo fuera interrumpido el libre tránsito de uno a otro mar y por consiguiente garantizaban los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada. En 1903, Estados Unidos violó este tratado al respaldar una revolución en el departamento de Panamá e impedir que Colombia ejerciera su soberanía en el itsmo.[1]

El Tratado Clayton-Buwer de 1850. Firmado con los ingleses para neutralizar el futuro canal en Panamá. Los Estados Unidos, que ya habían iniciado su política expansionista, decidieron modificar el tratado, pero los ingleses protestaron y se negaron a firmar. En el año 1900, después de unos forcejeos, se suscribió una nueva Convención en la que triunfaban las exigencias norteamericanas. Surgieron entonces los dos Tratados Hay-Pauncefote en los cuales Gran Bretaña reconocía el derecho de los Estados Unidos a construir, administrar y defender cualquier ruta interoceánica. Por supuesto debían garantizar su neutralidad.[2]  Una vez libres de sus compromisos con los ingleses, los Estados Unidos compraron a la Compañía Nueva del Canal la franquicia otorgada por Colombia, además de toda la chatarra que había dejado la fenecida Compañía Universal. Ya estaban ansiosos por excavar “the big ditch”, como decían.

El vicepresidente de Colombia don José Manuel Marroquín había mandado a Washington al doctor Carlos Martínez Silva para que defendiera la ruta por Panamá, oponiéndose a la proyectada por Nicaragua. Pero Martínez Silva mandaba cartas muy incómodas y severas al vicepresidente, quien decidió enviar en su reemplazo al doctor José Vicente Concha. El doctor Concha encontró a Colombia comprometida en una serie de puntos muy delicados que no logró cambiar. La situación en Washington era extremadamente difícil por causa de los continuos cambios de parecer del vicepresidente Marroquín, quien pedía más y más dinero, y las comunicaciones lentas y trabajosas con Bogotá. En el otoño de 1902, el doctor Concha se enteró de que los marines habían desembarcado en Panamá, al recibir la noticia consideró este hecho como una grave lesión a la soberanía de su patria, abandonó su cargo dejándolo en manos del Secretario don Tomás Herrán y se devolvió para Colombia.

Encargado sorpresivamente del asunto y apremiado por el Secretario de Estado John Hay, don Tomás firmó el tratado que lleva su nombre el 23 de enero de 1903, el cual fue aprobado en los Estados Unidos sin modificaciones el 17 de marzo del mismo año. No obstante, en Colombia el asunto no iba a ser tan fácil. Estados Unidos la acosaba por medio de su enviado el señor Beaupré, amenazándola y exigiendo la aprobación inmediata y sin modificaciones. En el senado colombiano las pugnas políticas eran atroces. No es de extrañarse que el 12 de agosto de 1903 se negara la aprobación del tratado Herrán-Hay.

Vino entonces lo que todos los colombianos sabemos: la revolución en Panamá, el apoyo prestado a ésta por el gobierno de Estados Unidos, la incapacidad de Colombia para dominar la revuelta, la traición de algunos colombianos, la separación de la antigua provincia y finalmente su reconocimiento por el gobierno norteamericano dos días después, el 6 de noviembre de 1903.

Los primeros ensayos de reconciliación fueron los proyectos de tratado Cortés-Root y Cortés-Arosemena de 1909, presentados a la Asamblea Nacional por el General Rafael Reyes, presidente de la República. Pero la imposibilidad de aceptar su firma por una Asamblea que no había sido elegida constitucionalmente y la indignación del público por la idea de hacer tratos con los ofensores, obligaron al General a dejar el poder en manos de don Jorge Holguín y rogarle que los retirara de la Asamblea.

En 1914 se declaró la primera guerra mundial que habría de traer consecuencias tan diferentes para los Estados Unidos y para Colombia. Siendo canciller don Marco Fidel Suárez, para el gobierno del presidente Concha fue muy difícil mantener la neutralidad frente a las constantes presiones de los gobiernos de Gran Bretaña primero y de los Estados Unidos más adelante, pues los aliados consideraban que dado el estado de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos era muy probable que los alemanes recibieran ayuda colombiana por medio de las estaciones de radio instaladas en Cartagena.

A comienzos de 1917, el presidente Wilson pensó que su flamante canal debería estar protegido debidamente, a pesar de su ánimo pacifista escribió a su Secretario de Estado una petición para estudiar la forma de firmar un tratado con Colombia, pero esto era imposible ya que el Congreso tenía una mayoría republicana y el partido Roosevelt no permitiría ni siquiera la discusión de un pacto con Colombia, pues se presumía que cualquier intento en este sentido sería derrotado.

En Colombia la guerra trajo “la dislocación del comercio exterior y por lo tanto un grave trastorno en las actividades económicas colombianas y en la estructuración fiscal del estado”[3], como dice Bernardo Tovar Zambrano. Los ingresos por derechos de aduana, única o casi única entrada disminuyeron hasta la agonía. Como no había importaciones, no había derechos de aduana. Así de simple.

Después de la guerra, los aliados empezaron a pagar sus deudas así que los norteamericanos usaron su ventajosa situación económica para invertir en empresas de minas, pozos petroleros y plantaciones de azúcar y banano, casi todas en el mar caribe. El capital trajo consigo nuevas empresas, que a su vez exigían nuevos mercados y con esta visión de la posguerra, los norteamericanos se convencieron del extremo valor del petróleo para la supremacía marítima, así como de la urgencia de asegurarse bases comerciales y militares en todos los rincones del mundo.

Como los Estados Unidos era ahora el mayor comprador de café y de ellos dependía la economía, Colombia se integró a la órbita de comercio norteamericano. Estos vínculos de dependencia eran buscados por ambas partes, sobretodo por la burguesía comercial colombiana que veía la oportunidad de hacer muy buenos negocios.

Al examinar la situación de petróleo en Colombia nos encontramos, ante todo, con una firma inglesa que ya se había establecido en México, la Pearson & Sons, cuyo representante en América era Lord Murray of Elibank. La compañía petrolera logró importantes concesiones en Costa Rica, Colombia y Ecuador, siendo mejor la colombiana, ya que además de tener 10 000 kilómetros cuadrados permitía construir caminos, ferrocarriles, redes telegráficas y telefónicas. Estas condiciones ponían en evidencia la permisividad de dicha concesión.

La lucha entre los grandes intereses financieros de este sector tuvo lugar en el año de 1913. El presidente de los Estados Unidos se declaró en contra de los dictadores latinoamericanos el 13 de marzo en Mobile, Alabama, pensando en Victoriano Huerta, presidente de México entre 1913 y 1914. Meses después, el 27 de octubre, el presidente Woodrow Wilson rechazó a los “buscadores de concesiones”, pensando en los ingleses.

Por su parte en Colombia, el proyecto de contrato con la compañía Pearson había sido firmando el 23 de abril de 1913 y enviado al consejo de ministros donde fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, el Congreso negó dicho contrato a pesar que la propuesta de los ingleses era conveniente, pues se equilibraba la preponderancia de los norteamericanos en la zona. En una carta, el presidente de Colombia Carlos Eugenio Restrepo le dice a su hermano lo siguiente: “La presidencia de Lord Murray me ha servido de grandísima utilidad, pues ha servido de espantajo a los Estados Unidos que temen extraordinariamente nuestras concesiones a los ingleses”. No obstante, los ingleses vieron las leyes de extranjería colombiana como un serio tropiezo para establecerse en Colombia. En noviembre, al no resolverse el forcejeo entre el gobierno y la compañía petrolera, el presidente Lord Murray perdió las esperanzas y la Pearson & Sons retorna a la “pérfida Albión”.

Nada es gratuito en la historia, como se ha visto con tanta frecuencia. Colombia tenía problemas en el parlamento del presidente Restrepo, pero no los suficientes para hacer imposible el contrato con los ingleses. El problema consistía en que éstos querían el petróleo, pero también la amistad con los Estados Unidos; por lo que les resultaba mejor dejar a Colombia en manos de los norteamericanas, ya dueños del Canal de Panamá, de manera que aseguraban una ventaja para el futuro tránsito de sus barcos. La actitud de los colombianos frente a los hechos fue afectada por la intransigencia y la arrogancia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Aprendida la lección del despojo de Panamá, por lo menos pudieron mantener un equilibrio en la avidez de las grandes potencias y utilizarlas aunque fuera de “espantajo”, como decía el presidente Carlos E. Restrepo[4]. Todo esto, junto y combinado forzó al Congreso a legislar sobre petróleos.

Y así fue. El 15 de noviembre se aprobó la Ley 75 de 1913 que establecía:

1ro. Que la nación se reservaba la propiedad de los depósitos y fuentes de petróleo y de hidrocarburos en general situados en terrenos baldíos o en los que por cualquier título le pertenecieran.

2do. Que, mientras se expidiera una ley que reglamentara la denuncia y adjudicación de fuentes de petróleo e hidrocarburos situados en terrenos baldíos, solo se podrían hacer concesiones temporales de dichos bienes en virtud de contratos aprobados por el Congreso.

La explotación propiamente dicha del petróleo colombiano se inició solamente en los años 20, gracias a la bonanza económica de los Estados Unidos. Para este país se trataba de una actividad muy interesante pues significaba, entre otras cosas, el establecimiento de un vínculo de sus inversionistas con la burguesía comerciante local.

Durante los primeros veinte años del siglo, dos presidentes norteamericanos tuvieron grandísima influencia en los asuntos colombianos, Theodore Rooselvelt y Woodrow Wilson, quienes definieron, para mal o para bien, el destino de Colombia. Roosevelt era un hombre de tremenda energía, amigo de los deportes y de la vida al aire libre, además historiador, ranchero y naturalmente político. Pero “Teddy” tenía los defectos de sus cualidades, su energía carecía de prudencia y atropellaba a personas y pueblos. Este hombre utilizó con eficacia el poder y el prestigio de su cargo, y logró convertirse en el símbolo de los ideales norteamericanos. Roosevelt desarrolló una especie de paranoia acerca del problema de Panamá, llamaba a los colombianos bandidos y perdularios cada vez que podía. Su acción había ganado mala voluntad hacia su país en toda América Latina y él lo sabía, así que inicialmente justificó su acción con argumentos mas o menos discutibles, pero más adelante se descaró y desafío a sus contradictores. Cada acción que este presidente había tomado en el asunto de Panamá, decía, estaba de acuerdo con los más altos principios de moralidad pública y privada. Al enterarse del proyecto del tratado con Colombia se indignó manifestando: “El tratado propuesto es un ataque al honor de esta nación que nos condenaría a la infamia si se aprobase. El pago de una indemnización solo tendría justificación si se reconociera que los Estados Unidos desempeñaron el papel de ladrón o de reducidor de mercancías robadas”.

Woodrow Wilson era hijo de un pastor sureño, recibió una excelente educación sobresaliendo en política y oratoria. Como historiador comparó los sistemas e gobierno de Inglaterra y Estados Unidos en un estudio famoso: “Congressional Goverment”. En 1902, este hombre fue nombrado presidente de la Universidad de Princeton y elegido gobernador de New Jersey en 1910, donde impulsó un gobierno muy progresista. Un scholar metido en política, Wilson personificaba la inteligencia, la lógica y la prudencia. Él era un hombre de altos principios morales y un idealista que encontró difícil ceder en asuntos de conveniencia política pero que finalmente se doblegó a ellos.

Un presidente intermedio entre estos dos caballeros quería ante todo arreglar las relaciones con América Latina, Taft se interesó especialmente en Colombia y con este propósito mandó al señor James T. Dubois como ministro plenipotenciario, quien en diciembre de 1912 presentó su informe al Departamento de Estado en el cual manifestaba creer que ya se podía intentar un arreglo directo entre los dos países. Teniendo esto en cuenta, Dubois recibió la orden de volver a Bogotá y presentar a la Cancillería colombiana un Memorándum en el que se propusieran bases para un nuevo tragado basado en los anteriores proyectos.

El Memorándum se iniciaba diciendo: “El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos lamentan sinceramente (“sincere regret”) la ocurrencia de acontecimientos que en cualquier forma hayan alterado la larga y sincera amistad existente durante casi un siglo entre Colombia y los Estados Unidos…”[5] Debe decirse que según el historiador Raimundo Rivas, las instrucciones impartidas a Dubois eran insuficientes. Ese Memorándum, que era solamente eso, un Memorándum, se separaba por primera vez de la tesis de la absoluta corrección por parte de los Estados Unidos y creaba falsas expectativas en Colombia.[6] De la misma manera que en Estados Unidos quedaba flotando la noción de que Colombia haría una serie de concesiones en las islas.

La fórmula del “sincere regret” pudo ser una trágica imprudencia, aunque se debía sin duda a la voluntad de llegar a un arreglo, pero no tenía el respaldo de instrucciones suficientes. Se creó en  el ánimo de los colombianos la percepción de que, por fin los Estados Unidos reconocían su culpa. Sin embargo, el Senado norteamericano nunca la aceptó y esta negativa aumentó los sentimientos de frustración en los colombianos.

Dobois presentaba tres propuestas:

1ra. Conclusión por Colombia de los tratados tripartidistas.

2da. Pago de 10 millones por la opción de construir un canal por el Atrato y construir estaciones carboneras en San Andrés y Providencia.

3ra. Intervención favorable de los Estados Unidos en el arreglo de los litigios pendientes entre Colombia y Panamá.

Colombia insistía en el arbitraje y si no era posible exigía dos cosas:

1ra. Una reparación moral.

2da. Una reparación material justa en vista de los gravísimos perjuicios que la acción de los Estados Unidos había acarreado a Colombia.[7]

En marzo de 1913, el presidente Woodrow Wilson inauguró su gobierno y acreditó en Colombia al señor Thadeus A. Thomson como Ministro Plenipotenciario, quien se apresuró a mandar a la Cancillería una Nota en la que decía que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos deseaban que “todo lo que haya alterado la íntima y antigua amistad entre los dos países, se borre y olvide”. Pero, atención: la cláusula del “sincere regret” había desaparecido. Inmediatamente el presidente de Colombia Carlos E Restrepo formó una comisión asesora que debía redactar el nuevo tratado. Estaba formada por Marco Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, Rafael Uribe Uribe, José María González Valencia y Antonio José Uribe.

Las peticiones de Colombia eran las siguientes:

1ra. Reparación moral: una manifestación hecha por los Estados Unidos de su sincero pesar por lo ocurrido en Panamá.

2da. Reparación material: pago de 30 millones de una sola vez y anualidades de $ 250 000 durante cien años.

3ra. Reconocimiento de la independencia de Panamá sobre las bases de los límites señalados por la Ley granadina de 1855.

4ta. Algunos privilegios en el uso del canal.

A lo anterior, los Estados Unidos contrapuso con los siguientes puntos:

1ro. Aceptación de lo pertinente a la reparación moral.

2do. Aumento de la oferta original a 25 millones, pero sin anualidades posteriores, como reparación material.

3ro. Admisión de la Ley de 1855 como base para la frontera panameña.

4to. Concesión del paso libre y franco por el canal para las tropas, buques y material de guerra colombianos. No así para la marina mercante, que debería estar equiparada a la de las demás naciones.[8]

El presidente Restrepo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que se discutiera una Ley que por necesaria no era menos dolorosa. El tratado fue aprobado definitivamente el 9 de julio de 1914. Así nació el Tratado Urrutia-Thomson, no obstante debía ser discutido por el congreso norteamericano y si era ratificado, volvería a Colombia. Pero no lo fue. En vez de eso fue modificado, y la discusión al respecto trastornó las relaciones de los dos países hasta 1921.

Todavía en 1917 el tratado sería inmóvil en el Senado de los Estados Unidos. Los senadores republicanos lo habían impugnado en su totalidad. Ahora querían tener las islas de San Andrés y Providencia, los cayos y un paso futuro para construir un Canal, para no dejarlo construir o “para cualquier otra cosa”, como decían. Estas discusiones pudieron ser la base para las acusaciones de José Vicente Concha en 1921, en el sentido de que Colombia había hecho promesas que comprometían la integridad de la república. Esas y las muy imprudentes sugerencias hechas por el Ministro Julio Betancourt al Senador Albert Fall, de Nuevo México.

Por fin, en 1918 se llegó a un acuerdo con los senadores republicanos de manera que el Departamento de Estado decide mandar al Ministro Hoffman Philip a Bogotá con las modificaciones que los Estados Unidos querían hacer al tratado. Al siguiente año, en febrero de 1919, el representante de Colombia en Washington, Carlos Adolfo Urueta, dejó en el Departamento de Estado la copia de un cable que acababa de recibir de Bogotá. Decía: “Presidente Suárez en la costa atlántica. Muy difícil ahora navegar por el Magdalena. Mande por cable, de inmediato, las propuestas Modificaciones para que puedan ser estudiadas con anticipación.”[9] Las doce modificaciones fueron cablegrafiadas el jueves 13 de febrero de 1919. En ellas el principal escollo era la supresión del Artículo 1° de el “sincere regret”. Consiente de que esto implicaba una acusación al partido republicano que era mayoría y que no permitiría su inclusión en el tratado, el gobierno colombiano aceptó y justificó su aceptación diciendo que había frases y hechos que suplían con creces el término rechazado.

Otra modificación que presentaba problemas era la IV que decía: “En el parágrafo 1° del Artículo II del texto original deben suprimirse las palabras ‘aún en caso de guerra entre Colombia y otro país’.”[10]. Después de mucha discusión Colombia aceptó que esta cláusula se refería a la exención de impuestos que la cláusula primitiva estipulaba a favor de las tropas, buques y pertrechos, en caso de guerra entre Colombia y otra nación, y no a suprimir o restringir sus derechos. En ese momento Urueta informó a su gobierno que si las modificaciones eran aceptadas se podía contar con la aprobación del tratado. Pero, ¿cuál era la urgencia? Pues que el Congreso norteamericano se clausuraba el 4 de marzo, es decir 17 días más tarde; había que decidir rápidamente ya que el año de 1920 estaría ocupado en los problemas de las elecciones presidenciales y los asuntos de América Latina pasarían a segundo plano.

El 27 de febrero se reunió el Consejo de ministros para discutir las modificaciones. El Acta de esta reunión finaliza diciendo: “El Consejo de Ministros es de parecer que hay manifiesta conveniencia en que el Excelentísimo señor Presidente y el señor Ministro de Relaciones Exteriores conferencien hoy mismo con el Ministro de los Estados Unidos y le hagan saber que el gobierno acepta las expresadas modificaciones al tratado del 6 de abril de 1914 entre Colombia y los Estados Unidos, y que los apoyará ante el Congreso. Por tratarse de un asunto que reviste tan grande urgencia, el gobierno puede prescindir de consultar a la Comisión de Relaciones Exteriores.”[11] Puesta en discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad y constatada por el señor Secretario encargado del despacho de Instrucción Pública.

En la víspera de la clausura del Congreso, el 3 de marzo, el gobierno colombiano envió un cable al presidente Wilson con una petición para el Ministro Urueta, donde se solicitaba considerar el asunto y aún más: “No vemos más remedio a situación desesperada y peligrosa que aprobación del tratado por Senado Actual. Agotados recursos internos, imposibles por ahora empréstitos externos. Haga cuando humanamente pueda obtener aprobación antes clausura Senado.” Pero todo fue en vano. El mismo 4 de marzo Urueta cablegrafió a Bogotá: “A pesar de haber golpeado todas las puertas para obtener que el tratado no fuera nuevamente pospuesto, el Congreso se clausuró hoy sin haberlo considerado siquiera.” La siguiente reunión del Congreso no tendría lugar hasta el mes de julio.

Por fin, en las sesiones del verano de 1919, el Comité de Relaciones Exteriores dio informe favorable a la ratificación y publicó un folleto con texto y todo. Ya en ese momento Roosevelt había muerto. Sus amigos, los senadores republicanos, que tan fieles le habían sido eran ahora libres de opinar.

El 3 de febrero de 1919, es decir, un mes antes de la clausura del Congreso norteamericano El Espectador de Bogotá publicó un mapa del país, levantado por la Carib Sindicated Limited, que era una compañía petrolera. En él se mostraban los sitios de la república donde se encontraban los más ricos yacimientos de petróleo. Se analizaba el hecho de que los norteamericanos hubieran podido conocer el territorio tan minuciosamente y controlar más de 431 000 hectáreas; que los geólogos hubieran recorrido el país y que hubieran podido adquirir esos terrenos sin que nadie protestara. El periódico señalaba que se habían apropiado del 90% de la riqueza petrolera.[12]

Como es de suponer el escándalo fue mayúsculo. El público aterrado se dio cuenta de la avidez y el desenfreno de los petroleros norteamericanos. Todos los gremios elevaron su protesta y se urgió al gobierno para que tomara medidas que impidieran ese nuevo despojo. Cuatro meses más tarde, el poder ejecutivo expidió el decreto 1255 bis que reglamentaba la explotación de hidrocarburos y que causó una conmoción nacional e internacional. Se decía erróneamente que el gobierno había nacionalizado el subsuelo y por ende los petróleos, lo cual era falso, pues ya estaban nacionalizados. Pero aquello era una estrategia para crear un escándalo y eliminar la legítima intervención del Estado.

El cónsul norteamericano en Barranquilla, que tenía fuertes vínculos con las empresas petroleras de su país, cablegrafió al Departamento de Estado, que a su turno informó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador, que odiaba a Colombia, Cabot Lodfe dijo el 7 de agosto de 1919: “Pido al Senado que devuelva el tratado con Colombia al Comité de Relaciones Exteriores por haberse recibido noticia de que Colombia ha dictado recientemente un decreto semejante al de México el cual entraña, si se hace efectivo, la confiscación de las propiedades privadas del petróleo.”[13]

El ministro Philip telegrafió a Washington diciendo que creía que la medida atinente a los terrenos petroleros, su denuncia y reglamentación era una acción tendiente a crear algunas entradas adicionales al tesoro público pero que no había propensión alguna contra las inversiones extranjeras. Esta perspectiva, más conciliadora se debía en parte a que Philip había advertido que el resentimiento de los colombianos era muy profundo y que ni el público ni las autoridades estaban dispuestos a tolerar más ultrajes. Y por otra parte en Washington, Urueta protestaba por el paso que había tomado Lodge al retirar el tratado de las discusiones ya que lo consideraba contraproducente.

En noviembre de 1919 el doctor Eduardo Rodríguez Piñeres demandó el decreto 1255 bis por encontrarlo inconstitucional. Al llevarse a cabo la votación, se produjo un empate pues había 4 magistrados que sostenían la propiedad privada del subsuelo y 4 la tesis contraria, es decir, la propiedad nacional. El doctor Gonzalo Pérez, quien reemplazaba interinamente a uno de los miembros de la Corte fallecido días antes, vacilaba entre ambas.

La Corte, mediante Acuerdo del 21 de noviembre de 1919, declaró inexequibles las disposiciones de un decreto que negaba a los particulares el domino del petróleo que hallaran en sus propiedades. El Acuerdo, decidió la cuestión afirmando que compete al Congreso resolver las cuestiones relativas a minas y al petróleo por medio de Leyes y que no es posible para el poder ejecutivo regularlas por medio de Decretos. Esta sentencia fue comunicada al Departamento de Estado por Philip e 22 de noviembre. Con esto se solucionaba, en parte la angustia de los señores norteamericanos que ya veían confiscadas sus extensas propiedades y que solamente permitirían la amistad con Colombia cuando tuvieran la seguridad de que su dinero estaba debidamente protegido.

La crisis de 1920-1921 que afectó a todo el mundo, en Colombia tuvo características dramáticas. Al terminar la guerra en 1918, la gente empezó de nuevo sus negocios, se reanudaron los viajes, la vida parecía sonreír. Con una irresponsabilidad y una alegría muy explicables los comerciantes empezaron a importar todo lo habido y por haber. Entre 1918 y 1919 el café subió de precio y las exportaciones se multiplicaron. El gobierno elaboró un presupuesto donde las cuentas de gastos se ampliaron con entusiasmo y generosidad. Todo el mundo entro en ese frenesí adquisitivo, pero al llegar al país la avalancha de mercancías se presentó una fenomenal congestión en los puertos, las bodegas y los ferrocarriles que no daban abasto para movilizar la carga. Las aduanas de Barranquilla fueron impotentes para evacuar la acumulación y las mercancías se perdían en las bodegas.

Cuando Colombia estaba en esa orgía de compras, empezaron a presentarse algunos tropiezos en la Bolsa de Nueva York, que fueron solucionados por el Banco de la Reserva Federal, pero los Estados Unidos, alarmados, procedieron a interrumpir los créditos al exterior. Se presentó una disminución del dinero circulante que se había reducido a billetes, cédulas bancarias y monedas de plata y níquel. El oro había salido de la circulación pues o se lo guardaba cuidadosamente o se lo exportaba a escondidas para pagar las deudas más urgentes y evitar el uso de moneda extranjera, que era muy costosa.

Los exportadores de café estaban en una situación angustiosa: tenían los créditos cerrados, no había esperanza de créditos internos, eran deudores de grandes sumas a los comisionistas ingleses y norteamericanos, y estas deudas tenían que ser pagas en plazo fijo y en moneda extranjera. La situación era agónica. Además de la disminución de las importaciones, el alza del dólar y la caída del precio del café, se había encendido una tremenda crisis política por la cercanía de las elecciones presidenciales y la división del partido de gobierno. Ya en ese momento ni éste ni los particulares podían pensar en otras soluciones para la crisis económica y fiscal. No se pagaba a los empleados públicos, al ejército ni a la policía. Tampoco a los jueces ni a los maestros. No se podían sostener las cárceles, los hospitales ni los lazaretos. El gobierno no podía pagar sus deudas ni afrontar el manejo de los nacientes problemas sindicales. La economía de los gastos de tenía que llevar a cabo en la reducción de los sueldos, el retiro de las subvenciones, la suspensión de pagos a veteranos y viudas de guerra. La reducción de los gastos que atañían al ejército y la policía coincidieron con el nacimiento de las luchas sindicales, las huelgas y motines en la costa atlántica y en Bogotá, lo cual significaba que se debía aumentar el pie de fuerza y mantener satisfecha a la tropa.

En medio de esta crisis, los colombianos anti-tratadistas se oponían a la llegada de los 25 millones de la indemnización. ¿Por qué razón?

Porque los 25 millones de dólares no vendrían solos y sin condiciones. Su llegada traería el despegue económico del país, que podría ordenar sus finanzas, emprender obras públicas de mucha urgencia e impulsar las comunicaciones y la industria. Por lo tanto el gobierno que lo recibiera podía sacar al país del atraso y la ineficiencia. Por razones políticas el Congreso negaba sistemáticamente cualquier medida que se propusiera, pues la oposición quería precipitar una crisis política que llevara las cosas a tal extremo que el gobierno se desplomara.

El 5 de octubre de 1921, Marco Fidel Suárez envía al Congreso el texto del tratado modificado, con la solicitud de que sea estudiado prontamente. Su aprobación se había convertido en bandera política.

El Encargado de Negocios norteamericano escribió a su país: “Una vez que el tratado sea aceptado por una administración conservadora, le dará tanto prestigio que inutilizará cualquier esfuerzo liberal para obtener la mayoría.”[14]. En 1922 se elegiría presidente además de concejales, diputados y parlamentarios. Por lo tanto desde principios de 1921 empezó la agitación alrededor de las candidaturas. El 20 de marzo el general Pedro Nel Ospina aceptó la nominación del partido conservador, pero no todo su partido, que era mayoría, apoyaba su nombre y un grupo importante se apartó pues lo consideraban una imposición inaceptable. Llegó a Bogotá el Maestro Guillermo Valencia, pero un mes más tarde volvió a Popayán por el fallecimiento de su esposa. Además del general Alfredo Vásquez Cobo figuraba como candidato conservador el doctor José Vicente Concha. El 14 de agosto había renunciado a la representación de Roma y había venido a Bogotá. Rechazaba todo lo que tuviera que ver con el tratado y con los Estados Unidos y si a eso se agregaba la animadversión por Ospina y por Suárez, se entiende que hubiera llegado decidido a torpedear la candidatura del uno y el tratado del otro. El general Benjamín Herrera, candidato liberal, vivía en Bucaramanga pero no se decidió a venir a la capital sino hasta el último momento.

Simultáneamente con la iniciación de las campañas se formó una Coalición de los liberales y una fracción de los conservadores para tumbar al gobierno. Los liberales para acceder al poder y los conservadores para cerrar el camino a Ospina. Se diseñaron varias estrategias para lograr sus propósitos. La primera era acusar a algunos ministros. Estas acusaciones estaban destinadas a desacreditar al gobierno, a precipitar la renuncia del gabinete y a lograr el retiro del presidente.

Pero hacía falta algo más efectivo. La Coalición pensó en dos nuevas acciones: una consistente en acusar al presidente de indignidad, en la que se le haría un debate y se le obligaría a renunciar. La segunda, de la autoría de un grupo de parlamentarios liberales pro-tratadistas, consistía en proponer al presidente un convenio por el cual accedería a retirarse del poder a cambio de ciertas condiciones que se decidirían conjuntamente.

Como coexistían distintos pareceres sobre el tratado, la política y las candidaturas, había un cruce de intereses verdaderamente enmarañado: todos eran adversarios. A favor del tratado están los comerciantes y los cafeteros, es decir, la burguesía que creía que las relaciones con los Estados Unidos eran convenientes y necesarias; eran mayoría en el parlamento y además muy poderosos. Los anti-tratadistas se dividían en aquellos que opinaban que era indigno aceptar dinero por el robo de Panamá y otros de miras menos elevadas, trataban de posponer la llegada del dinero para que lo recibieran manos amigas.

El 26 de octubre, el representante Laureano Gómez acusó al presidente de Colombia de haber vendido sueldos y haber pedido dinero prestado. Inmediatamente se nombró la comisión encargada de la acusación. Al día siguiente, Marco Fidel Suárez subió al podio para defenderse. Lo hizo con argumentos de razón y de lógica, pero estaba escrito que no se le oiría. Para terminar, se refirió con oscuras alusiones a circunstancias de su vida privada que no eran conocidas sino por sus íntimos amigos. Suárez bajó del estrado y caminó entre la rechifla de las barras aleccionadas, salió del recinto acompañado por sus ministros mientras las barras gritaban: “¡No se vaya, oiga a Laureano!”.[15] El representante Gómez intentó hacer uso de la palabra pero desistió al ver que el presidente se había retirado.

Al día siguiente el representante Gómez tomó la palabra y dijo: “Pedí la palabra en cuanto el excelentísimo señor Presidente terminó de hablar para manifestar que en mi concepto los hechos y aseveraciones que hice han quedado confirmados en su totalidad por los propios labios del señor presidente; que él manifestó el deseo de abandonar inmediatamente el recinto sin esperar a que yo hablase y que después no he creído necesario ni acaso hidalgo hacer uso de la palabra para las muy cortas rectificaciones que apenas eran precisas.”[16]

Años después, en 1925, Laureano Gómez, en una sesión de la Cámara, dice que “el día en que se vio entrar a este recinto al presidente inculpado, todos sus amigos esperaban que viniera a hundirme, a anonadarme, a traer la prueba palmaria de que los hechos eran falsos y mis acusaciones temerarias. Pero dicho señor vino a confesar uno por uno, a reconocer que eran ciertos hasta en sus mínimos detalles los actos que yo había puesto en conocimiento de la Cámara.”[17]

Sin embargo, después dijo algo muy importante: “El señor Suárez, quien si yo hubiera propuesto (como lo pensaba aquella noche) la sesión permanente habría salido al día siguiente de la presidencia y no habría sido presidente el general Holguín sino el doctor Berrío. Pero, ironías de la política.”[18]

Suárez había comprendido que su presencia en el poder constituía un obstáculo para la aprobación de las modificaciones del tratado, convencido de la necesidad de reanudar las relaciones con los Estados Unidos prefirió abandonar la presidencia. Pero como la acusación y el retiro están muy cercanos en el tiempo, quedó la impresión de que la acusación fue la causa y el retiro el efecto. Noción falsa que el representante Gómez no rectificó.

Suárez se va para su casa dejando a los políticos de todos los pelajes libres para maquinar, reunirse, hacer convenios, recibir visitas, firmar pactos y tomar decisiones. Acepta las acusaciones pues no cree haber hecho nada incorrecto. Sale del recinto y al hacerlo, gana tiempo. Para pensar.

Siete días después recibió la visita de los personajes que habían diseñado la segunda estrategia, que ellos llamaban “El Pacto” y que traía consigo la solución al problema tratado. Se proponía que el Presidente se retirara del poder (no que renunciara) a cambio de ciertas condiciones que debían ser aceptadas por los Coalicionistas:

1ra. Se hará elección de Designados para ejercer el poder ejecutivo y ella recaerá en personas que se señalarán de acuerdo con la opinión del Presidente.

2da. El gobierno decretará una prórroga del Congreso para que se ocupe de los asuntos que él recomiende.

3ra. Una vez hecha la elección de Designados como queda dicho, no habrá inconvenientes para que el actual jefe del poder ejecutivo se separe del puesto dejando encargado al Designado.

4ta. La Cámara de representares pondrá todo el empeño necesario para que el proyecto de Ley sobre el tratado con los Estados Unidos sea considerado y resuelto definitivamente en las actuales sesiones, en el menor tiempo posible.[19]

Se nombró Primer Designado al general Jorge Holguín, quien después de muchas conversaciones con los Coalicionistas les informó que como el parlamento estaba dividido en tres fracciones daría tres ministerios a los seguidores de Ospina, dos a los opositores de Ospina y tres a los liberales. Pero la Coalición no logró ponerse de acuerdo, el tiempo pasaba, el general Holguín perdió la paciencia y nombró un gabinete a su gusto. Al llegar el general Benjamín Herrera a Bogotá, Holguín logró que levantara su veto a la participación de liberales en el gabinete y nombró como Canciller a Enrique Olaya Herrera con el encargo específico de defender el tratado.

Las discusiones en el Senado norteamericano se iniciaron el 11 de abril de 1921. Con la lectura de los discursos pronunciados se puede apreciar la mudanza de criterio de varios senadores. El Senador Logge, enemigo acérrimo del tratado en 1917, ahora no lo era tanto. Antes le preocupaba la cláusula del “sincere regrete”, pero como ya la había hecho desaparecer, podía pensar en otra cosa. En petróleo, por ejemplo.

Ciertos senadores se quejaban del desembolso y decían que era una forma de declararse culpables. Otros decían que votarían porque había ciertas alusiones a futuras ventajas para los Estados Unidos. Los de más allá creían que se debía mejorar su imagen o que hacía falta proteger el canal. Muchos creían que se debía indemnizar a Colombia porque este pacto era más ventajoso que el Herrán-Hay, improbado por Colombia. Otros con más altas miras creían que era de justicia compensarla por los perjuicios sufridos. Por fin, el 29 de abril el Secretario de Estado Charles Hughes pudo enviar a Urueta una copia de la Resolución por la cual el Senado daba su “Advise and Consent” a la ratificación del tratado Urrutia-Thomson.[20]

En Colombia los debates contra el gobierno de Suárez se iniciaron en la Cámara simultáneamente con las discusiones sobre el tratado. Pero ahora frente a su defensa estaba Enrique Olaya Herrera. Hay que recordar que las ambigüedades de la IV modificación habían movido a la Comisión de Relaciones colombiana a pedir aun más explicaciones, que le fueron suministradas con un cierto tonito de exasperación.

En el parlamento colombiano el problema capital residía en la acusación de que había un pacto secreto con los Estados Unidos por medio del cual Colombia se comprometía a hacer nuevas y valiosas concesiones. Si los anti-tratadistas lograban presenta una prueba real de la existencia de tal convenio, podrían derrotar o aplazar indefinidamente la probación, pero tales pruebas nunca pudieron ser exhibidas.

En el debate del 12 de diciembre se dio lectura a una declaración del presidente Suárez al efecto de que no había compromiso de ninguna naturaleza. Olaya se enfrentó a los anti-tratadistas con los mismos argumentos que había esgrimido a Suárez. Anteponía a la visión de dignidad ofendida las ideas muy pragmáticas de la conveniencia política del país, su futuro desarrollo y su porvenir comercial e industrial. Su análisis era muy lúcido y a las acusaciones de que algo oscuro se escondía en las “tripas” del tratado Olaya enfrentó un análisis completo de los documentos producidos tanto por la Cancillería como por la Legación en Washington. El 22 de diciembre de 1922 la Cámara de Representantes aprobó el tratado con sus modificaciones.

Al conservatismo en oposición a Ospina le faltó voluntad para lograr una candidatura que agradara a los Coalicionistas y convenciera a los partidarios de Ospina por igual, de manera que se pudiera lograr la unió conservadora. Se había reunido una convención para elegir un candidato de oposición a Ospina, pero las peleas internas hicieron fracasar el proyecto. Entonces el doctor Concha decidió abandonar su candidatura y viajar a Roma, donde habría de morir. El general Pedro J. Berrío se devolvió para Antioquia y el general Vásquez Cobo, que era opositor de Ospina, obtuvo para su fracción dos ministerios. El general Herrera aceptó finalmente su candidatura a la presidencia, pero ésta fue derrotada.

Dice Alejandro Galvis Galvis: “El general se creyó que la caída del señor Suárez no fue sino consecuencia de los furibundos ataques del representante Laureano Gómez contra él, en memorables sesiones de la Cámara. Mas con posterioridad a los sucesos cumplidos tomó fuerza la versión de que el retiro no se produjo precisamente a causa de aquella hazaña parlamentaria, sino que tuvo dos finalidades primordiales: conseguir que las cámaras legislativas aprobaran inmediatamente las Modificaciones al tratado con los Estados Unidos, que tan vigorosa oposición tenían dentro y fuera del Congreso; y asegurar el feliz éxito de la unión conservadora con la candidatura presidencial del general Pedro Nel Ospina. Los numerosos conciliábulos políticos que precedieron al derrumbe del gobierno de Suárez y los resultados que se vieron así lo hicieron pensar. Dichas finalidades fueron confirmadas por las propias revelaciones del señor Suárez en uno de sus famosos “Sueños”. El general Holguín era un ladino político muy avisado y sagaz, cuando el señor Suárez lo indicó como Designado debió ser porque lo consideró el más apropiado para sacar avante aquellas dos aspiraciones suyas.”[21]

Casi veinte años habían pasado desde el día del despojo de Panamá. El tratado de 1914 había ido y venido. Sus palabras se habían analizado y examinado con extrema atención. Había sido enarbolado como bandera de la política local y como estandarte de una nación cuya dignidad había sido atropellada. Se había usado como arma y como escudo y no siempre por las manos más honestas. Pero se intuye que después de tantos tropiezos y accidentes, su mas fervoroso partidario, Marco Fidel Suárez, autor de sus primeros artículos y que había batallado tanto para llevarlo a buen término, descansaba tranquilo al ver que sus esfuerzos no habían sido en vano.